Font:Las provinciasEl alcalde de Pego, Carmelo Ortolá, viajó ayer a Madrid para reunirse con la dirección general del catastro y tratar de esclarecer las consecuencias de la anulación por vía judicial de la última revisión de los valores catastrales.
Según explicó Ortolá, el ejecutivo pegolino hizo entrega del acuerdo de pleno en el que se exige la aplicación inmediata de la sentencia que declara nula la revisión catastral y, por ende, deja vigente la anterior de 1990 y, además, tantearon las intenciones del Catastro respecto a quien debe hacerse cargo de devolver a los pegolinos los alrededor de siete millones de euros cobrados indebidamente en los últimos años.
Sin embargo, poco se pudo avanzar. En palabras de Ortolá, el responsable del departamento dependiente del Ministerio de Hacienda reconoció que es «la primera vez» que se enfrenta a una situación de este tipo y, por lo tanto, debe esperar un informe de la Abogacía del Estado para ver cómo actuar.
«No ha llegado ni a especular, una y otra vez nos ha remitido a lo que diga el abogado por lo que poco hemos podido aclarar» señaló el munícipe. Así las cosas, el tema vuelve a quedar en el aire, pero en el Ayuntamiento de Pego precisan que haya una respuesta formal con premura.
No en vano, como admitió el primer edil «necesitamos saber qué ponencia hemos de aplicar el año próximo para poder elaborar los presupuestos». Sobre todo porque una gran parte de los ingresos municipales se nutren de lo recaudado en concepto de IBI.
En este sentido, Ortolá ya avanzó que si se ha de volver a calcular este impuesto arreglo a la ponencia de valores del año 90, el ejecutivo se verá obligado a subir el tipo impositivo, que ahora está en el 0'92%, para poder cuadrar las cuentas municipales.
«Aunque subamos el impuesto los vecinos pagarán menos que este año» aseguró el alcalde, que espera que el Catastro se haga cargo de la situación y les haga saber su postura cuanto antes.
En la reunión mantenida en Madrid, el ejecutivo de Pego también dejó claro a la dirección general que tienen intención de reclamarle «responsabilidad patrimonial» por todo lo ocurrido. Y es que desde el municipio están convencidos de que el Catastro debe hacerse responsable del daño que ha provocado entre los ciudadanos tener que tributar durante los últimos años arreglo a una ponencia de valores que, según sentencia judicial, están «sobre valorados» y no corresponden a los reales del mercado.
Carmelo Ortolá avanzó que el Consistorio tiene una estrategia de actuación marcada, aunque todavía no se puede hacer pública para no poner sobre aviso a la otra parte, el Ministerio.
El tema del catastro ha enrarecido más si cabe el clima político en el municipio. Desde el PP local se acusa al equipo de gobierno de intentar engañar a la ciudadanía para esconder la dramática situación económica en que quedan las arcas municipales tras la anulación catastral.
Los populares sostienen que es el Ayuntamiento quien debe devolver los siete millones de euros, algo que dejará en bancarrota a la Administración Local.
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